La Defensoría Penal Pública (DPP) ingresó este martes un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para impugnar la legitimación del Ministerio de Seguridad para invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en la querella contra agresores de la ministra Ximena Lincolao. La DPP representa a dos de los tres imputados y cita la historia legislativa de la ley. Argumenta que solo el Ministerio del Interior tiene esa facultad.
La mañana del martes 5 de mayo de 2026, la Defensoría Penal Pública presentó el recurso de amparo en defensa de los imputados Pablo Vásquez y María Jesús Madariaga, dos de los tres estudiantes acusados de agredir a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao.
El Juzgado de Garantía de Valdivia había declarado admisible la ampliación de la querella presentada por la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, quien invocó la LSE. Sin embargo, la DPP sostiene que esa ampliación es ilegal porque la facultad para deducir querella bajo la LSE recae exclusivamente en el Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales.
El amparo cita la historia de la ley que creó el Ministerio de Seguridad. Según el documento, durante la tramitación legislativa surgió una divergencia resuelta en una Comisión Mixta, donde se decidió deliberadamente mantener la facultad en Interior. “La propuesta de mantener dicha facultad en el Ministerio del Interior fue sometida a votación y aprobada por la mayoría de sus integrantes”, indica el escrito firmado por los defensores Juan Pablo Alday y Luis Soto.
El informe de la Comisión Mixta fue aprobado por el Senado el 3 de diciembre de 2024 y por la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de ese año. La DPP advierte que, de no corregirse la admisibilidad, se amenaza la libertad personal de los defendidos, al exponerlos a penas de presidio mayor por un delito que considera improcedente.
