El presidente Gabriel Boric sorprendió al anunciar una reforma constitucional que transferirá las funciones de seguridad de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, en respuesta a la operación Apocalipsis que detuvo a 44 gendarmes por corrupción en cárceles. La medida separa la custodia de reos de la reinserción social, que quedará en un nuevo organismo bajo Justicia. Autoridades destacan que busca combatir el crimen organizado y limpiar la institución.
La operación Apocalipsis, desarrollada desde 2022 por la Fiscalía y la PDI, culminó con la detención de 66 personas, incluyendo 44 funcionarios de Gendarmería, en siete regiones del país: Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos. El operativo, que involucró a más de 500 efectivos, desarticuló una red que facilitaba el ingreso de productos prohibidos como drogas, armas y celulares a recintos como Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, mediante sobornos que superaron los $6.300 millones.
El fiscal regional Marcos Pastén detalló que gendarmes coludidos con civiles, conocidos como “manilleros”, cobraban entre $10.000 y $400.000 por item, según un tarifario que incluía $10.000 por una palta, $15.000 por un chip de teléfono o $400.000 por un celular. Modalidades como “la feria” permitían ventas internas de carne, licor y sustancias, mientras “rescate” y “delivery” facilitaban traslados y entregas a pedido. Además, se permitía el ingreso de personas con situación migratoria irregular por pagos adicionales, y funcionarios usaban familiares como testaferros para lavar dinero, incautándose 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
En respuesta, el presidente Boric, a menos de tres meses de dejar el cargo, anunció la reforma constitucional el 17 de diciembre de 2025. “Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución”, explicó. La idea, planteada previamente por el ministro Luis Cordero, fue impulsada por los hallazgos de la operación, discutida con el presidente electo José Antonio Kast para apoyo transversal.
El ministro Cordero enfatizó: “Esta reforma no sólo es una manera de reestructurar y reorganizar Gendarmería, es también una manera de limpiar a Gendarmería de los malos elementos”. La nueva Gendarmería será “obediente, jerarquizada y no deliberante”, similar a Carabineros y PDI, sin asociaciones sindicales. El exministro Hernán Larraín valoró la medida: “La crisis carcelaria tocó fondo hace rato... Propusimos la separación de las funciones de Gendarmería”. El diputado Rubén Oyarzo la celebró, aunque la consideró tardía.
La formalización de los detenidos está programada para el 19 de diciembre en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos como cohecho y soborno. Un informe de Contraloría reveló vulnerabilidades: 1.279 visitas no autorizadas y solo el 12% de cárceles con inhibidores de señal, destacando la penetración del crimen organizado.
