El presidente Javier Milei promulgó el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluyendo la posibilidad de detenciones sin orden judicial. La oposición, encabezada por Unión por la Patria y expertos como Andrés Gil Domínguez y Jorge Taiana, denuncia un giro autoritario que podría derivar en un Estado policial. El Gobierno defiende la reforma como una modernización necesaria para enfrentar amenazas del siglo XXI.
El 2 de enero de 2026, el Boletín Oficial publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, que reformula la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Esta medida reorganiza la SIDE, ampliando sus funciones en contrainteligencia y permitiendo a sus agentes aprehender personas en el marco de sus operaciones, sin requerir orden judicial previa. Además, obliga a todo el Sector Público Nacional a adoptar medidas de seguridad definidas por la SIDE y autonomiza la inteligencia militar del control civil del Ministerio de Defensa.
La oposición reaccionó con dureza. Diputados de Unión por la Patria, liderados por Lorena Pokoik y Germán Martínez, presentaron un proyecto de resolución para rechazar el DNU, argumentando que vulnera el debido proceso, la división de poderes y garantías constitucionales. Agustín Rossi, ex titular de la SIDE, lo calificó de “atropello a garantías individuales básicas” y advirtió que convierte a la agencia en una “policía secreta”. Maximiliano Ferraro, de Unidos, cuestionó la falta de debate parlamentario y el riesgo de control total sobre derechos y libertades.
Expertos como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez lo describieron como “el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo”, criticando el artículo 2° quater por evocar prácticas de la dictadura militar. “Estos procesos dejan graves heridas al sistema democrático que tardan mucho en sanar”, afirmó en X. Por su parte, el diputado Jorge Taiana advirtió que “la consecuencia será un Estado policial que perseguirá y controlará a opositores”, y señaló la transformación de las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional.
El Gobierno, a través de un comunicado de la SIDE, justificó los cambios como parte de una “segunda generación” del sistema de inteligencia, eliminando superposiciones y adaptándolo a amenazas modernas. Subrayó que promueve transparencia interna y un Estado “limitado y profesional”. Opositores exigen la conformación urgente de las comisiones bicamerales de control para revisar el decreto, que llegará al Congreso en febrero.
