Legisladores del PAN y PRI calificaron la reforma electoral propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum como una 'Ley Maduro', similar a la de Venezuela, destinada a perpetuarse en el poder. Acusan a Morena de buscar controlar el INE y eliminar opositores. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió la autonomía del instituto electoral.
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores del PAN y PRI denunciaron la inminente reforma electoral como una maniobra para concentrar el control de las elecciones en manos del oficialismo. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que el gobierno de Morena se prepara para un escenario de pérdida de apoyo popular en 2030 y busca el control total del Instituto Nacional Electoral (INE), el último bastión autónomo pendiente. 'Para nosotros es la Ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México', declaró Anaya, aludiendo a la estrategia de Nicolás Maduro en Venezuela para dominar poderes e instituciones. Agregó que esta agenda inició con la mayoría legislativa, siguió con ataques al Poder Judicial y ahora apunta al INE. Alejandro Moreno, líder del PRI, coincidió en que la reforma busca destruir al INE, los órganos jurisdiccionales y los partidos políticos, sin demanda ciudadana real. 'Esta reforma electoral, esta locura que están presentando, es la Ley Maduro, porque es una ley igualita a la que hicieron en Venezuela', expresó Moreno en entrevista. Rubén Moreira, líder del PRI en la Cámara de Diputados, detalló tres metas: colonizar el INE para manipular resultados en 2030, desaparecer partidos y eliminar opositores en el Congreso. 'La intención de Morena es no retirarse del poder en 2030', advirtió. Por su parte, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores, llamó a evitar especulaciones y reiteró su apoyo a una autoridad electoral autónoma e independiente del gobierno para organizar comicios. Días antes, el INE entregó propuestas técnicas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, incluyendo fiscalización, paridad de género, conservación de plurinominales y modernización de procesos. Gómez cuestionó el concepto de autonomía del INE, argumentando que como órgano administrativo del Estado no puede serlo, sino independiente en su función de cumplir la ley.
