El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el informe final del Consejo de Mayo, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El documento detalla cambios en la Ley de Expropiaciones, el régimen de tierras rurales y la reforma educativa con mayor autonomía provincial. Estas propuestas formarán la base de proyectos de ley para el Congreso en 2026 y sesiones extraordinarias.
El Consejo de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei con representantes del sector empresarial, sindical, legislativo y de 18 provincias, culminó su trabajo con un informe final presentado por Manuel Adorni el 9 de diciembre de 2025. Este documento traduce ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo en proyectos de ley, enfocándose en la inviolabilidad de la propiedad privada, la regulación de tierras y la reestructuración educativa.
En materia de expropiaciones, se propone una nueva ley que calcule indemnizaciones al valor de mercado previo al anuncio, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor y tasado por independientes. Además, acelera desalojos en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación, eliminando demoras administrativas. Para barrios populares, se sugiere eliminar la prohibición de venta de lotes a personas jurídicas, permitiendo ventas a cooperativas o empresas para agilizar la regularización, aunque críticos advierten riesgos de especulación inmobiliaria.
Respecto a tierras rurales, el informe impulsa la derogación de límites a compras por extranjeros para dinamizar el mercado y atraer inversiones en producciones extensivas y energías renovables. En manejo del fuego, elimina la prohibición de 30 a 60 años para cambiar el uso productivo post-incendio, argumentando que desincentiva la recuperación económica. También aboga por libre explotación de recursos estratégicos, armonizando normativas laborales sin topes de contratación local para proyectos mineros como litio y cobre.
En educación, se establece contenidos mínimos nacionales, pero con autonomía para provincias y escuelas en planes de estudios, involucrando a familias. Se habilitan modalidades como educación a distancia e híbrida bajo supervisión, y se reinstalan evaluaciones censales al fin de secundaria con resultados públicos.
Adicionalmente, la reforma laboral incluye eliminación de ultractividad en convenios, prioridad a acuerdos locales, ajustes en contratos agrarios y para repartidores de plataformas, y derogaciones de normas obsoletas. El Gobierno asegura que no alterará significativamente el rol de los sindicatos, enfocándose en crear empleo y buscar acuerdos con la CGT.
