Reforma laboral

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Mexican senators applauding in the Senate chamber after approving the 40-hour workweek reform.
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Senado aprueba reforma a jornada laboral de 40 horas

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El Senado de la República aprobó este 11 de febrero de 2026 la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con implementación gradual hasta 2030. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada por mayoría y enviada inmediatamente a la Cámara de Diputados. Se mantiene un día de descanso por cada seis de trabajo, sin reducción salarial.

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales realizaron movilizaciones el 9 de marzo en distintos puntos del país, incluyendo una gran marcha en Buenos Aires desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. La jornada incluyó un paro en varios sectores y denuncias contra la reforma laboral y la desigualdad de género. El evento se vinculó a una huelga feminista internacional.

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El gobierno de México hizo oficial la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026. Firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cambio entrará en vigor de manera progresiva hasta 2030, sin afectar los salarios de los trabajadores. Empresas como Soriana y Walmart ya se preparan para ajustar operaciones ante el aumento estimado en costos laborales.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este jueves en San Juan con el gobernador Marcelo Orrego para avanzar en la reforma laboral. Ambos coincidieron en la necesidad de cambios normativos que fomenten el empleo privado y el crecimiento económico. Orrego se mostró dispuesto a buscar consensos para el proyecto.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para expresar respaldo a su gestión y advertir sobre los riesgos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Los sindicalistas criticaron el proyecto como regresivo y precarizador, en medio de preocupaciones por la pérdida de empleos y la caída económica. El Ejecutivo minimizó las acciones de la central obrera, descartando convocatorias.

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