Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, criticó en Canal E el impacto de la reforma laboral en el financiamiento de las jubilaciones argentinas. Advirtió que medidas como el Fondo de Asistencia Laboral podrían agravar la crisis de los jubilados, en un sistema ya debilitado por la informalidad laboral. Destacó la urgencia de inyectar recursos para cubrir necesidades básicas.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, analizó en una entrevista con Canal E el efecto de la reforma laboral sobre el sistema previsional argentino. Explicó que el financiamiento de la Seguridad Social proviene en un 50% de aportes laborales y en otro 50% de recursos fiscales, en un esquema de reparto asistido. Sin embargo, resaltó un problema estructural: casi el 50% de los trabajadores están no registrados, lo que debilita el esquema previsional.
Uno de los focos de su preocupación es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se integraría con el 1% de las contribuciones de grandes empresas y el 2,5% de las pymes para cubrir indemnizaciones. Semino cuestionó la promesa de que esto generaría más empleo registrado, recordando que en Argentina medidas similares en los años 90, como rebajas de contribuciones patronales, no produjeron ese efecto. Argumentó que las empresas contratan según la demanda, y con un consumo que no crece, es improbable que ocurra.
Además, criticó la administración del fondo bajo la Comisión Nacional de Valores, comparándolo con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de 2008, del que 'nunca fue un solo peso para los jubilados'. Semino sostuvo que el debate legislativo obviaba la cuestión previsional, en medio de una emergencia para 5 millones de jubilados y pensionados con haberes de 440.000 pesos y un bono congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024.
Denunció que los jubilados sufren pérdida de calidad de vida y riesgos vitales reales. Reveló una acción judicial junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el veto que impidió incorporar el bono al haber, estimando que debería ser de 150.000 pesos actualizado. Insistió en la necesidad inmediata de recursos para alimentación, medicamentos, atención médica y vivienda.
