El presidente Gustavo Petro defendió el derecho de los afiliados a trasladar sus ahorros pensionales de las AFP a Colpensiones, en respuesta a las críticas de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Anif advirtió que el borrador de decreto del Ministerio del Trabajo generaría riesgos fiscales al transferir cerca de $25 billones, afectando el sistema pensional y las finanzas públicas.
El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que modifica las reglas para el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) hacia Colpensiones. Esta propuesta obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir, en un plazo de 15 días tras la firma de la norma, la totalidad de los ahorros acumulados por los afiliados que optaron por el traslado, independientemente de si cumplen los requisitos para pensionarse.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) expresó preocupación por los efectos negativos de esta medida en el sistema pensional y las finanzas públicas. Según Anif, aunque los derechos individuales de los afiliados no se verían afectados, el traslado inmediato de cerca de $25 billones desde las AFP a Colpensiones reduciría los recursos para el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), destinado a financiar pensiones futuras de trabajadores con ingresos hasta 2,3 salarios mínimos. El centro de estudios indicó que estos fondos se usarían para obligaciones actuales, acelerando el agotamiento del fondo y requiriendo cobertura futura del Presupuesto General de la Nación, lo que podría implicar mayores impuestos o ajustes en el gasto público.
Anif también alertó sobre impactos en el endeudamiento gubernamental: aproximadamente el 70% de los $25 billones, unos $17,5 billones, está invertido en títulos de deuda pública. La liquidación rápida generaría una oferta masiva, bajando precios y elevando tasas de interés, encareciendo el financiamiento estatal. Además, señaló un posible conflicto jurídico con el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que exige que los recursos en cuentas individuales permanezcan en las AFP hasta consolidar el derecho a la pensión.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió el derecho de los cotizantes a transferir sus ahorros de inmediato, ya que pertenecen a ellos. Cuestionó si Anif y los gremios privados niegan este derecho o si hay problemas en la capacidad de los fondos. Invitó a los afiliados a acciones judiciales si sienten vulnerados sus derechos y anunció una reunión con la Superintendencia Financiera. Petro rechazó cualquier rechazo al traslado voluntario como inconstitucional, solicitó a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional y convocó a Asofondos a un diálogo sobre la capacidad operativa del sistema.
Este debate resalta tensiones entre el derecho individual a los ahorros y la sostenibilidad fiscal a largo plazo del sistema pensional.
