La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la ponencia de una proposición de ley que permite a profesionales como abogados y arquitectos traspasar sus ahorros de mutualidades a cotizaciones en la Seguridad Social. El objetivo es garantizar pensiones dignas, ya que algunas mutualidades pagan menos de 300 euros al mes. La reforma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, avanza hacia su aprobación final.
Esta semana, la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó la ponencia de la proposición de ley, que llevaba casi un año paralizada. Los grupos políticos acordaron que autónomos cotizando a colegios profesionales puedan traspasar su capital a la Seguridad Social para acceder a la pensión mínima de jubilación. La reforma, dirigida por la ministra Elma Saiz, será debatida en comisión antes de su aprobación definitiva en las próximas semanas.
La medida amplía el acceso a todos los mutualistas alternativos, superando la propuesta original del ministerio que limitaba el acceso a quienes se incorporaron antes de 2005. No es obligatorio: los autónomos decidirán si mantienen sus cotizaciones en la mutualidad o las convierten en años cotizados. Se establece un coeficiente de conversión del 0,77, por lo que 10 años de aportaciones equivalen a unos siete años y medio en la Seguridad Social. Para mayores de 55 años, cada año en la mutualidad cuenta como uno en el sistema público.
Para acceder, los mutualistas no deben ser pensionistas de la Seguridad Social, salvo viudedad, ni tener el periodo mínimo de cotización. El traspaso del capital será progresivo, con detalles por reglamento. La Mutualidad de la Abogacía reclama diferir el traspaso hasta la jubilación para evitar liquidaciones anticipadas de inversiones.
Las mutualidades profesionales datan de los años 40, como la de abogados en 1948, obligatoria hasta 1995. Su modelo de reparto se ha vuelto insostenible por el envejecimiento poblacional, pagando pensiones bajas. El texto incluye un convenio especial para antiguos mutualistas que pasaron al RETA recientemente, reconociendo hasta cinco años de cotización.
