El gobierno de Javier Milei prepara un decreto de necesidad y urgencia para reformar la Ley de Inteligencia Nacional, otorgando mayores facultades a la SIDE, incluyendo la detención de personas. La oposición alerta sobre riesgos para la democracia y un posible Estado policial. El DNU se publicaría el 2 de enero de 2026.
El presidente Javier Milei impulsa una reforma integral al Sistema de Inteligencia Nacional mediante el DNU 941/25, que se filtró y se publicaría el viernes 2 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. Esta medida modifica la Ley 25.520, posicionando a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como órgano principal y permitiendo que su personal proceda a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o delitos en flagrancia, notificando inmediatamente a las fuerzas de seguridad.
Todas las actividades de inteligencia se declaran encubiertas para minimizar riesgos estratégicos nacionales. Se crean nuevas estructuras, como la Agencia Nacional de Contrainteligencia (antes Agencia de Seguridad) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (reemplazando a la de Ciberseguridad). Esta última se separa de la ciberseguridad, que pasa a la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, influida por Karina Milei, mientras la ciberinteligencia permanece bajo el control de la SIDE, dominada por el asesor Santiago Caputo.
El decreto elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, transfiriendo sus funciones al Estado Mayor Conjunto, y habilita el apoyo de Fuerzas Armadas y policías a la inteligencia sin solapamientos. Fuentes gubernamentales defienden la reforma como una modernización que integra el sistema al Estado, lo separa de funciones policiales y lo adapta a amenazas contemporáneas como espionaje e injerencia extranjera.
La oposición reacciona con fuerza. El diputado Esteban Paulón calificó el DNU como "un duro golpe para nuestra democracia", advirtiendo que vigilará a activistas, opositores y periodistas. Jorge Taiana lo ve como una ampliación de funciones que recortará derechos y perseguirá disidentes. Agustín Rossi alertó sobre la militarización y la pérdida de control del Ministro de Defensa, exigiendo que el Congreso rechace el decreto.
El DNU debe ser tratado por la Comisión Permanente del Congreso en diez días hábiles.
