La Contraloría General de la República publicó su primer Consolidado de Resultados de Auditoría de 2025, revelando fallas en seguridad penitenciaria, control de drogas y armas. Se identificaron demoras en protocolos y deficiencias en sistemas de inhibición de señales en cárceles. Las auditorías abarcan fiscalizaciones desde 2023 hasta julio de 2025.
La Contraloría General de la República lanzó el Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, que reúne observaciones de 62 fiscalizaciones realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025, de las cuales 22 son reservadas por información sensible. El documento destaca irregularidades en áreas prioritarias como seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.
En seguridad pública, se detectó que 70 de 79 centros penitenciarios de régimen cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024. Además, 1.279 internos recibieron visitas pese a prohibiciones, y 1.539 ciudadanos visitaron a internos en condiciones similares. Un total de 479 personas identificadas como “abogados privados” no acreditaron su profesión. Solo 10 de los 79 recintos (12,7%) cuentan con sistemas de inhibición de señal de telefonía celular, y la mayoría solo bloquea señales 2G, mientras que los equipos móviles operan en 4G o 5G. Aun con bloqueadores, los teléfonos se conectan vía wifi, y se identificaron periodos sin inhibición.
Respecto a la incautación y destrucción de drogas, las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días. Hubo diferencias de peso de hasta 32 kilos entre lo informado y registrado. Las salas de custodia se usaron como bodegas sin protocolos, y hubo retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, superando el límite de 15 días. En nueve entidades, se encontraron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios.
En control de armas y municiones, se hallaron armas no registradas, falta de documentación en incautaciones y ausencia de trazabilidad en sistemas de la PDI y Gendarmería. La Armada carece de un sistema informático para registrar armamento. Como acciones derivadas, se instruyeron tres procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y nueve informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.
Otras áreas como control de fronteras y orden público muestran deficiencias similares, incluyendo funcionarios sin certificaciones médicas y vehículos policiales con cámaras inoperativas.
