Formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

La audiencia de formalización de 47 gendarmes y 23 civiles implicados en la Operación Apocalipsis se reanudará este sábado en Santiago, tras detallar la Fiscalía cómo operaba la red de tráfico de bienes ilegales en penales. El fiscal Marcos Pastén describió un entramado de corrupción que involucraba sobornos y control de servicios prohibidos desde 2020. Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal, soborno y cohecho.

En el 12º Juzgado de Garantía de Santiago se inició este viernes la formalización de 47 gendarmes y 23 civiles por su rol en una red de corrupción desarticulada mediante la Operación Apocalipsis. La Fiscalía Metropolitana Occidente, liderada por el fiscal regional Marcos Pastén, investiga delitos como asociación criminal, soborno, cohecho simple y agravado, lavado de activos e infracciones patrimoniales, con hechos que datan al menos desde enero de 2020.

Pastén explicó que la indagatoria reveló organizaciones en penales como el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde internos y gendarmes coludían para ingresar comida, alcohol, drogas, teléfonos y otros elementos prohibidos. “La existencia de varias organizaciones de sujetos que, con diversidad de roles y acción sostenida en el tiempo, a través de un entramado de corrupción, conforman un sistema criminal que cobra y controla el tráfico de bienes y servicios ilegales o controlados reglamentariamente”, detalló el fiscal.

En el CPF de San Joaquín, una organización liderada por la interna Dora Jiménez fijaba precios y gestionaba fondos transferidos por familiares vía cuentas de terceros, generando importantes ganancias. En Santiago 1, el grupo 'Los Colombia', con líderes como Jorge Humberto Herrera y Blanca González, operaba desde el kiosco Los Patos y facilitaba visitas irregulares, denominadas “gatitas”, a cambio de pagos a funcionarios.

Los gendarmes transformaban controles institucionales en beneficios personales, comercializando seguridad, ubicaciones de presos y ocultando requisas para revender items. “Este proceder transforma los mecanismos institucionales de control en oportunidades de beneficio económico personal”, enfatizó Pastén.

La audiencia, dividida en dos salas por la cantidad de imputados, se extendió debido a la exposición de hechos y continuará este sábado a las 10:00 horas. El juez Francisco Ramos Pazó ordenó mantener a los detenidos esposados por seguridad y en tránsito hasta resolver medidas cautelares.

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