La Contraloría Regional de Tarapacá identificó múltiples fallas en el control y la infraestructura del Paso Fronterizo de Colchane, incluyendo personal insuficiente y equipos inoperativos. La inspección, iniciada en septiembre, reveló riesgos para la seguridad fronteriza. El organismo emitió órdenes correctivas a varias instituciones.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una inspección en el Paso Fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá, para evaluar las condiciones operativas, la infraestructura y los sistemas tecnológicos de control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas. La fiscalización comenzó a fines de septiembre de 2025, con una visita en terreno liderada por la contralora general Dorothy Pérez, acompañada por la contralora regional Paula Vera, el jefe de la División de Fiscalización Ricardo Provoste y fiscalizadores regionales. El objetivo era revisar el Plan Frontera Segura, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la administración de complejos fronterizos.
El Informe Final N° 669/2025 detectó debilidades que comprometen la seguridad. Entre ellas, la ausencia de unidades especializadas: ni la Policía de Investigaciones (PDI) ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan con equipos para enfrentar delitos de tráfico ilícito de drogas, según la Ley N° 20.000. Además, hay dotación insuficiente de personal, con menos funcionarios PDI en Policía Internacional de lo requerido y presencia limitada de Carabineros.
Se verificó el paso irregular de personas por el “Paso Ancestral” entre Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile), y el deterioro de la malla fronteriza. Equipos clave están inoperativos: el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), sin gestiones para su reposición. El único camión scanner de Aduanas revisa en promedio 16 camiones diarios, sin registro de criterios de selección.
Como respuesta, la CGR ordenó a la PDI acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos. Aduanas debe aumentar la frecuencia de fiscalizaciones y optimizar el uso del scanner. El SAG deberá garantizar el funcionamiento del incinerador e mejorar procesos. Finalmente, la Delegación Presidencial coordinará la reposición de equipos y reforzará la infraestructura crítica.
