Chubut avanza en auditoría conjunta con la Nación por deuda previsional

El gobernador Ignacio Torres confirmó el inicio de una auditoría conjunta con el Gobierno nacional para revisar la deuda previsional que supera los 50.000 millones de pesos, mientras persiste el reclamo judicial ante la Corte Suprema. La medida busca un acuerdo que garantice el cumplimiento de la ley y regularice los pagos adeudados a la caja jubilatoria provincial. El anuncio se produjo tras una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia iniciará un proceso de auditoría conjunta con el Gobierno nacional respecto a la deuda acumulada con la caja previsional chubutense, que asciende a más de 51.000 millones de pesos. Esta deuda, originada desde 2017, corresponde a aportes que la Nación debía transferir para financiar el sistema previsional provincial, sostenido por contribuciones de trabajadores y contribuyentes locales. Torres enfatizó que el reclamo impacta directamente en los jubilados chubutenses y busca el cumplimiento de los compromisos legales.

El anuncio se dio tras una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, y fue difundido en redes sociales. En su mensaje, Torres escribió: "Tuve una muy buena reunión con el ministro del Interior, @diegosantilli, donde, al margen del reclamo judicial iniciado por la deuda de la Nación con nuestra caja previsional provincial, por más de 50 mil millones…". A fines de diciembre, el gobierno provincial ratificó que elevaría el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Fiscalía de Estado.

Desde el Ejecutivo chubutense aclararon que la auditoría se realiza en paralelo al reclamo judicial, sin desistir de este último. El objetivo es obtener información consolidada para avanzar en una solución integral, combinando el proceso judicial con posibles negociaciones. Este conflicto histórico subraya las tensiones entre provincias y el Estado nacional por el financiamiento previsional, afectando la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios regionales.

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