El gobierno chileno presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un plan de desalojo para la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, que no iniciará antes de enero de 2026. La medida incluye la expropiación de más de 110 hectáreas para un proyecto habitacional que beneficiará al 90% de las familias afectadas. La decisión busca evitar una crisis humanitaria en un asentamiento que alberga a más de 10.000 personas.
El 4 de diciembre de 2025, a horas de vencer el plazo judicial, el gobierno presentó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo de la megatoma en el cerro Centinela, San Antonio. El asentamiento, que ocupa más de 215 hectáreas y alberga a 10.251 personas en 4.100 hogares, incluyendo más de 3.000 niños, surgió tras el estallido social de 2019. La corte ordenó el desalojo en junio de 2023, ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024, con un plazo de 30 días desde el 4 de noviembre de 2025.
Para cumplir sin desacato, el Ministerio del Interior detalló un cronograma que posterga el operativo hasta después de Navidad y Año Nuevo, considerando razones humanitarias y operativas, como la capacidad policial y riesgos de un desplazamiento masivo equivalente a una comuna completa. En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó el decreto exento N° 88 el 3 de diciembre, autorizando la expropiación de 1.105.953,95 m² (más de 110 hectáreas) de tres lotes propiedad de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., por utilidad pública. Las negociaciones con los dueños se rompieron el 3 de septiembre de 2025 por una diferencia de $6.000 millones en el precio.
El Plan Habitacional Cerro Centinela destina el terreno a viviendas definitivas para el 90% de las familias organizadas en cooperativas, con subsidios del Minvu y cofinanciamiento, incluyendo un ahorro mínimo de $1.500.000 por diciembre. El ministro Carlos Montes enfatizó criterios de selección para evitar 'saltarse la fila'. Ese mismo día, Montes se reunió con representantes de 40 cooperativas y firmó un convenio de colaboración con la Confederación General de Cooperativas de Chile, involucrando a más de 3.300 familias.
Elizabeth Rivera, vocera de las cooperativas, valoró el avance: 'Vinimos hasta acá para demostrar que no somos usurpadores... Ahora tenemos más de 100 hectáreas que antes no teníamos'. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre quiénes quedarán fuera del polígono expropiado.
La medida ha generado críticas. El empresario Richard von Appen la calificó como 'una mala señal, porque se están vulnerando derechos' de los propietarios. La académica Marisol Peña la tildó de 'desviación de poder', argumentando que convalida una ocupación ilegítima y socava fallos judiciales. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a reproches del candidato José Antonio Kast: 'Es muy fácil criticar cuando en la vida solo se ha hablado sin hacer nada'. Kast había calificado la expropiación como 'una mala manera de ejercer gobierno'. El alcalde Omar Vera apoyó el inicio del desalojo no expropiado a partir del 4 de enero de 2026.
El gobierno justifica la expropiación por la falta de alternativas habitacionales y costos sociales elevados, en un contexto de 1.432 campamentos en Chile con más del 30% de familias migrantes.
