Un grupo de migrantes desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona ha pasado la noche bajo una salida de la autovía C-31 debido a las lluvias intensas y la prohibición policial de acampar en la plaza. La Generalitat y entidades como Cáritas y Cruz Roja han acordado un dispositivo de emergencia para ofrecer cobijo temporal. El alcalde Xavier García Albiol planea desmontar las tiendas, pero con precaución por el mal tiempo.
El miércoles 18 de diciembre, los Mossos d'Esquadra desalojaron el antiguo instituto B9 en Badalona, donde vivían cerca de 400 personas, en su mayoría migrantes. La operación, celebrada por el alcalde Xavier García Albiol, dejó a decenas sin techo inmediato. Tras instalar tiendas en la plaza frente al edificio, la Guardia Urbana les impidió continuar el viernes, obligándolos a refugiarse bajo la salida 210 de la C-31 en el barrio de Sant Roc.
Las lluvias torrenciales del viernes y sábado agravaron la situación. Protección Civil activó el plan Inuncat y envió alertas ES-Alert a móviles en Badalona y comarcas vecinas como Vallès Oriental y Maresme, recomendando evitar desplazamientos y zonas inundables. Se registraron hasta 66,8 litros por metro cuadrado en algunas áreas, con incidencias como filtraciones e inundaciones en bajos.
Albiol ha anunciado que ordenará retirar las tiendas para evitar un campamento permanente, afirmando: “No se puede normalizar la ocupación del espacio público”. Criticó a los relatores de la ONU que condenaron el desalojo como una “grave violación” de derechos, llamándolo “una broma” y destacando que 30-40 personas ya recibían atención social. El edificio se destinará a una comisaría.
Ante la inacción municipal, la Generalitat, junto a Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi, activó este sábado un servicio de pernocta de 20:00 a 08:00 en un local cedido por la Iglesia, apoyado por el centro diurno Flore. Entidades adicionales como CUP y CCOO ofrecen recursos complementarios. El Departamento de Derechos Sociales enfatiza la necesidad de soluciones estructurales al sinhogarismo, sumándose a reuniones semanales con servicios municipales desde septiembre.
El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya denuncia “acoso policial” y advierte que las personas no pueden “desaparecer”. La consellera Mònica Martínez Bravo urgió a Albiol abrir un albergue, y el Parlament demanda alternativas residenciales. El PPC apoya al alcalde, viéndolo como modelo contra ocupaciones ilegales.
