Entre 2019 y 2025, la prefectura de Mayotte destruyó casi 4.000 viviendas ilegales, desplazando potencialmente a más de 17.000 personas. Un análisis de Le Monde destapa numerosas irregularidades en estas operaciones. Las autoridades no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La prefectura de Mayotte emitió 52 órdenes entre 2019 y 2025 que ordenaban la evacuación y demolición de construcciones ilegales. Las cifras oficiales indican que se demolieron 3.884 viviendas desde junio de 2019 hasta julio de 2025. Partiendo de las estimaciones del Insee de 2017 de un promedio de 4,5 personas por vivienda de chapa metálica, estas demoliciones podrían haber desplazado a más de 17.000 personas. Le Monde ha compilado datos de estas decisiones prefecturales a menudo incompletas, cruzándolos con testimonios, análisis de imágenes satelitales y publicaciones en redes sociales. La investigación destaca una política pública contra la vivienda ilegal empañada por graves deficiencias, incluidas irregularidades procedimentales. Estas operaciones se llevan a cabo en medio de mayores desafíos socioeconómicos en Mayotte, un departamento francés de ultramar donde la vivienda informal es generalizada debido al rápido crecimiento poblacional y las restricciones de terreno. A pesar de estos esfuerzos, la lucha contra las construcciones ilegales sigue afectada por deficiencias administrativas, lo que pone de manifiesto las dificultades del Estado para abordar estos problemas de forma efectiva y equitativa. Contactados, la prefectura de Mayotte y sus socios institucionales no han respondido, lo que genera interrogantes sobre la transparencia de estas acciones.
