La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó unánimemente las solicitudes de las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain, lo que devuelve tranquilidad al sector industrial. Este fallo destaca la importancia de la legitimidad social y territorial para la viabilidad de proyectos de desarrollo. La paralización de inversiones durante casi una década subraya la necesidad de certeza jurídica.
El rechazo unánime por parte de la CRUBC de Aysén a las solicitudes presentadas por las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain ha generado un alivio inmediato en la industria, según señala Felipe Martin Cuadrado, director ejecutivo de Más Recursos Naturales, en una carta al director de La Tercera. Este episodio resalta una lección clave: la viabilidad de los proyectos no solo depende de aspectos técnicos, sino también de la legitimidad social y territorial.
Durante casi una década, la región ha experimentado una paralización de inversiones debido a la incertidumbre jurídica, lo que ha frenado el desarrollo económico. Cuadrado enfatiza que, para prevenir solicitudes desproporcionadas bajo la Ley Lafkenche, es imperativo fortalecer las evaluaciones socioambientales y los procesos de consulta con comunidades, asegurando transparencia en cada etapa.
La participación indígena y local no debe ser vista como un mero trámite administrativo, sino como un activo estratégico. Solo mediante un relacionamiento claro y documentado se podrá generar valor compartido entre la infraestructura y las comunidades, superando así la incertidumbre judicial que ha caracterizado el avance de proyectos en Aysén. Este enfoque busca equilibrar el desarrollo con el respeto a los derechos territoriales, promoviendo un crecimiento sostenible en la región patagónica.
