Las cámaras empresarias de la construcción y la industria argentina exigen una reforma a la Ley de Glaciares para implementar un análisis caso por caso, con el fin de eliminar barreras regulatorias y fomentar inversiones mineras. Esta posición coincide con el proyecto oficial presentado por el gobierno de Javier Milei al Senado el 15 de diciembre. Las entidades respaldan que las provincias definan las áreas protegidas, priorizando criterios científicos precisos.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), presidida por Gustavo Weiss, y la Unión Industrial Argentina (UIA) han exigido que la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) abandone criterios abstractos en favor de un enfoque caso por caso. Argumentan que la normativa actual actúa como un "cepo regulatorio" por su falta de precisión, paralizando proyectos mineros e infraestructuras sin base técnica adecuada. "No todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen 'reservas estratégicas de recursos hídricos'", afirma el comunicado de CAMARCO, que insiste en estudios técnicos específicos y evaluaciones de especialistas.
La UIA refuerza esta visión, destacando que el "espíritu original" de la ley protege solo reservas estratégicas hídricas. Subrayan la necesidad de "criterios científicos claros" para otorgar previsibilidad y compatibilizar la protección ambiental con el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Ambas entidades enfatizan el rol central de las provincias como titulares legítimos de los recursos naturales, proponiendo un diálogo federal para evitar intervenciones judiciales, en línea con fallos de la Corte Suprema.
El proyecto gubernamental, ingresado al Senado el 15 de diciembre y firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, busca eliminar la "incertidumbre" que limita las prerrogativas provinciales. Cita una nota de gobernadores de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan) del 10 de diciembre, quienes advierten que la ley actual obstaculiza el desarrollo sostenible. La iniciativa preserva glaciares para usos como consumo humano, agricultura y biodiversidad, pero faculta a las autoridades provinciales a identificar aquellos con funciones hídricas reales.
Un artículo clave incorpora el "Principio precautorio" inverso: las geoformas del Inventario Nacional de Glaciares están protegidas hasta que se verifique su inexistencia de funciones hídricas, momento en que se excluyen de la ley. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantiene su rol técnico, pero las provincias pueden solicitar eliminaciones del registro si detectan áreas no relevantes.
