El ministro del Supremo Flávio Dino ha autorizado la exploración minera en tierras indígenas Cinta Larga en Mato Grosso y Rondônia, siempre que esté bajo control comunitario y cumpla estándares ambientales y sociales. La medida cautelar, emitida el 3 de febrero, establece un plazo de dos años para que el Congreso regule la cuestión. La decisión busca frenar la minería ilegal y garantizar beneficios para los pueblos indígenas.
En una medida cautelar emitida el martes (3 de febrero), el ministro del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino autorizó la exploración minera en territorios indígenas Cinta Larga en Mato Grosso y Rondônia. El permiso requiere control directo por parte de las comunidades indígenas y cumplimiento de estándares ambientales, sociales y legales, en respuesta a una petición presentada en octubre por la Coordinación de Organizaciones Indígenas Cinta Larga. La demanda señalaba el incumplimiento del Congreso en regular el artículo 231 de la Constitución, que desde 1988 exige la participación indígena en la explotación de recursos minerales en sus tierras. Dino señaló que esta omisión ha impulsado la minería ilegal, organizaciones criminales y violencia en áreas indígenas, lo que ha causado daños ambientales y exclusión económica de los pueblos originarios. «No es compatible con la Constitución mantener un modelo en el que los pueblos indígenas queden solo con los daños y la violencia», afirmó el ministro en la decisión. Para romper este ciclo, el Supremo estableció un plazo de dos años para que el Legislativo apruebe una ley específica. De no cumplirse, las normas provisionales del tribunal permanecerán vigentes. La exploración está limitada al 1% del área demarcada total, requiriendo consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas conforme a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También son obligatorios el licenciamiento ambiental, estudios de impacto y planes de recuperación de áreas. Los pueblos indígenas recibirán participación plena en los resultados económicos, con fondos priorizados para protección territorial, restauración ambiental y proyectos en salud, educación y sostenibilidad. La supervisión recaerá en órganos federales como Funai, Ibama, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio Público Federal.
