El gobierno de Javier Milei anunció la concesión por 25 años del predio de Tecnópolis en Villa Martelli mediante una licitación pública, con el fin de reducir el gasto público y eliminar subsidios a espacios culturales deficitarios. La medida, impulsada por reformas económicas, busca autofinanciamiento privado sin impactar en los contribuyentes. Sectores kirchneristas critican que limitará el acceso gratuito a la cultura y la ciencia.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el gobierno concesionará el predio de Tecnópolis, un emblema de la gestión kirchnerista ubicado en Villa Martelli, por 25 años a través de una licitación pública. Esta iniciativa forma parte de las reformas económicas de Javier Milei para reducir el gasto en espacios culturales con balances negativos. La licitación, identificada como Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25, se abrirá este lunes bajo la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con posibilidad de prórroga de hasta 12 meses.
Tecnópolis acumulaba una deuda superior a $4.813 millones y equipamiento faltante por $554 millones, con una denuncia judicial en trámite. Requería mantenimiento financiado exclusivamente por el Estado. Desde diciembre de 2023, el gobierno implementó un plan de ordenamiento que redujo el personal en más del 30%, de 333 a 198 empleados, y estableció un esquema público-privado. Esto permitió dejar de invertir y comenzar a recaudar: $600 millones en 2024 y $2.429 millones en 2025, con proyección de $2.749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron en actividades durante este período.
Adorni destacó que la medida generará 'autofinanciamiento privado sin afectar a los contribuyentes argentinos'. En su cuenta de X, agregó: 'pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos'. El canon mensual inicial es de $611 millones, más un seguro contra incendio de $60 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal. El pliego establece que el predio mantendrá usos recreativos, culturales, educativos, deportivos no competitivos e integración comunitaria, incorporando inversiones privadas.
Sectores kirchneristas y progresistas cuestionan la decisión, argumentando que transformará un espacio popular de acceso gratuito en un proyecto inmobiliario o comercial elitista, afectando a familias de bajos recursos que dependían de las entradas gratuitas en vacaciones.
