Grupos armados ilegales crecen en Colombia según informe

Un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz revela que los grupos armados ilegales en Colombia han aumentado su membresía en más del 23% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, superando los 27.000 integrantes. Este crecimiento ocurrió pese a ceses al fuego y políticas de seguridad que limitaron la acción estatal. El editorial cuestiona la respuesta del gobierno nacional ante esta expansión territorial y humanitaria.

El informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado recientemente, confirma el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en Colombia durante el último año. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, estas estructuras sumaron más de 5.000 nuevos integrantes y redes de apoyo, alcanzando un total superior a 27.000 miembros, lo que representa un incremento del 23%.

Este avance se dio en un contexto de ceses al fuego no respetados por los grupos, decisiones que restringieron las operaciones de la Fuerza Pública y un discurso gubernamental que, según el análisis, les otorgó ventajas estratégicas. Organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc expandieron su presencia, capacidad y número de miembros, al mismo tiempo que intensificaron ataques contra la Fuerza Pública, atentados a infraestructura, uso de drones con explosivos y enfrentamientos internos.

El impacto humanitario ha sido severo, con aumentos significativos en desplazamientos forzados y secuestros. La política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyendo ceses unilaterales y la ausencia de confrontaciones directas, junto con el crecimiento de cultivos ilícitos, proporcionó recursos para reclutamiento y expansión territorial. En regiones con falta de oportunidades y presencia estatal débil, el crimen ha llenado el vacío.

Al inicio de 2026, en un año electoral, la seguridad del país aparece más frágil. El reto para el próximo gobierno incluye recuperar el control territorial, desarticular economías ilegales y asegurar la protección ciudadana, evitando negaciones que prolonguen el problema.

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