La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial contra la reforma laboral promulgada el viernes por el Poder Ejecutivo, con el número 27.802. La demanda, asignada al juez Enrique Lavié Pico, busca declarar la nulidad de artículos que transfieren competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires. La central obrera planea otra acción en el fuero laboral.
La reforma laboral, que modifica la relación entre capital y trabajo, fue promulgada este viernes por el Poder Ejecutivo y lleva el número 27.802. Esta norma era el paso esperado por la CGT para iniciar su ofensiva judicial, que comenzó con un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal.
La presentación recayó en el juzgado de Enrique Lavié Pico. En el documento de 22 páginas, la CGT requiere la declaración de nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91, que consagran el traspaso del Juzgado Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Argumenta que “la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo incurre en grave arbitrariedad, a la par que resulta en varios aspectos irrazonable, vicios ambos que constituyen causales de invalidez constitucional según la repetida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La central obrera destaca su legitimidad al representar a trabajadores de todas las ramas económicas y subraya la relevancia de la Justicia Nacional del Trabajo como garantía para los derechos laborales desde hace nueve décadas. Además, sostiene que la reforma contraviene el principio de progresividad de los derechos laborales y contradice compromisos internacionales, incluyendo convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fuentes sindicales indican que la CGT agotó vías parlamentarias y de protesta callejera, fortaleciendo ahora el recorrido judicial. Anticipan una segunda demanda en el fuero laboral, pese a que este está en vías de extinción según la ley sancionada por el Senado el viernes con 44 votos. En la mesa chica del movimiento obrero, se menciona que los jueces laborales podrían estar presionados por el Gobierno, pero se espera que determinen la inconstitucionalidad del texto.
Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y articulador de la CGT, criticó la ley durante las Reuniones de Expertos 2026 en Washington, organizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la AFL-CIO. Allí, ante representantes del FMI y el Banco Mundial, afirmó: “Colisiona en lo colectivo y en lo individual con la Constitución argentina. Y lamentablemente el diálogo tripartito no es una política de Estado, mientras hay una crisis que afecta el desarrollo y la producción y, por ende, aumentan el nivel de despidos y el cierre de fuentes de trabajo”.