El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, que reorganizaba territorialmente las EPS y limitaba el número de aseguradoras por región. La medida responde a una demanda de la representante Katherine Miranda, quien alertó sobre posibles traslados forzosos de millones de usuarios hacia Nueva EPS.
La decisión del alto tribunal frena temporalmente la aplicación de la norma expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El decreto buscaba implementar un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional.
La demanda argumentó que la reorganización reduciría las opciones para los usuarios y concentraría afiliados en entidades como Nueva EPS, que se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Según el auto, podría derivar en la reasignación de más de seis millones de afiliados y el traslado de cerca de 2,6 millones hacia esa entidad.
El Gobierno defendió que el decreto corregía problemas estructurales como la fragmentación del sistema y la falta de sostenibilidad financiera de algunas EPS. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró procedente estudiar los argumentos y suspendió los efectos de la norma mientras avanza el proceso judicial.
