Tras semanas de tensiones, el Gobierno español, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo firmaron este lunes un protocolo para mejorar las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el clero. Las negociaciones casi se rompen el sábado pasado, pero la mediación del Vaticano, con Pietro Parolin, permitió el acuerdo. El sistema mixto permite que víctimas ya compensadas reclamen más, con última palabra del Defensor del Pueblo.
El 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo inicial para crear un sistema de reparación para víctimas de pederastia cuando no es posible acudir a la Justicia. Desde entonces, representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo se reunieron unas ocho a diez veces, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Las tensiones culminaron el sábado 28 de marzo, cuando "hubo un momento en el que se rompió todo", relatan fuentes presentes. La Iglesia planteó revertir partes del pacto inicial, como permitir que víctimas indemnizadas vía PRIVA reclamen más y que el Defensor del Pueblo tenga la última palabra. Esto suponía compartir el control del PRIVA con el Estado.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recurrió a la mediación de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Tras una reunión el 20 de marzo, Parolin presionó para resolverlo antes de la visita del papa en junio. "Lo más difícil ha sido no perder la paciencia", dijo Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo.
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, insistió en ir "rostro a rostro" sin baremos fijos. El protocolo entrará en vigor el 15 de abril, evaluando casos uno a uno. Bolaños aclaró que todas las víctimas pueden acogerse, aunque hayan recibido compensación previa.
