Una coalición de activistas presentó el lunes 30 de marzo una denuncia por corrupción ante el Ombudsman contra los exsubsecretarios Adrian Bersamin y Trygve Olaivar por un presunto esquema de sobornos multimillonarios en proyectos de control de inundaciones. La denuncia se basa en los testimonios del exsubsecretario del DPWH, Roberto Bernardo. El Ombudsman también los investiga por conspiración para el saqueo de fondos públicos.
MANILA, Filipinas — El presidente de Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casiño, y David San Juan, de Kilusang Bayan Kontra Kurakot, junto con exfuncionarios como France Castro, Bonifacio Ilagan, Maria Sevalla, David D’Angelo, Gaudelia Tiongson y Servando Peralta, presentaron una denuncia ante la Oficina del Ombudsman el lunes 30 de marzo. La denuncia por corrupción y violación del Código de Conducta apunta contra el exsubsecretario de la Oficina de Enlace Legislativo Presidencial, Adrian Bersamin, y el exsubsecretario de Educación, Trygve Olaivar. Los denunciantes alegan un esquema de “compromiso-inserción-soborno” multimillonario desde la cúpula de la administración Marcos, donde el presidente Ferdinand Marcos Jr. habría ordenado inserciones presupuestarias que derivaron en sobornos de entre 800 millones y 2 mil millones de pesos. Entre los testimonios citados se incluyen los del exsubsecretario del DPWH, Roberto Bernardo, compartidos por el senador Panfilo Lacson en el pleno del Senado, los cuales detallan un intercambio en un “camión blindado” en el sótano de un hotel de Manila. También se hace referencia a las declaraciones en video de Zaldy Co. Se alega el cobro de una tarifa de “compromiso” del 15 % en proyectos bajo asignaciones no programadas. Bersamin y Olaivar renunciaron a sus cargos mientras aumentaba el escrutinio sobre proyectos anómalos de control de inundaciones. Aún no se han presentado casos judiciales contra ellos, pero el Ombudsman, Jesus Crispin Remulla, señaló que están bajo investigación por conspiración para cometer saqueo de fondos públicos. David San Juan destacó que la Comisión Independiente para la Infraestructura (ICI), que finaliza sus operaciones el martes, no ha procesado a ningún “pez gordo”.