El expresidente de la Cámara de Representantes y congresista por Leyte, Martin Romualdez, ha solicitado la recusación de la Oficina del Ombudsman en la investigación de su supuesta implicación en la controversia sobre el control de inundaciones, advirtiendo sobre un 'patrón de prejuzgamiento' que viola el debido proceso. En una carta de cuatro páginas fechada el 22 de abril, sus abogados argumentaron que las declaraciones del Ombudsman Jesus Crispin Remulla demuestran que el procesamiento por saqueo (plunder) fue decidido de antemano. El congresista solicita que el caso sea gestionado por un funcionario neutral.
Los abogados de Romualdez, del bufete Villaraza & Angangco Law Offices, presentaron una carta de cuatro páginas fechada el 22 de abril, rastreando el sesgo desde noviembre de 2025, cuando Remulla reveló que estaba estudiando el caso y discutiendo posibles cargos por saqueo. Para abril de 2026, las declaraciones escalaron a un caso de saqueo 'seriamente preparado' que posiblemente involucraba una conspiración y múltiples actores.
'Existe una impresión razonable de que el ombudsman ya ha decidido procesar a nuestro cliente', afirmaron los abogados. Destacaron la referencia del Ombudsman asistente Mico Clavano al calificar a Romualdez como un 'saqueador maestro' y argumentaron que la investigación sería una 'mera formalidad'.
El Sandiganbayan emitió una orden de precaución de arraigo contra Romualdez a solicitud del Ombudsman, instruyendo a la Oficina de Inmigración que impida su salida y lo incluya en la Lista de Arraigo. El Ombudsman también buscó congelar sus cuentas bancarias y activos.
El Consejo Anti-Lavado de Dinero informó que el Tribunal de Apelaciones emitió una orden de congelación sobre los activos de un 'prominente legislador titular', un socio comercial y una entidad corporativa vinculada a anomalías en proyectos de control de inundaciones. Esto cubre 25 cuentas bancarias y 10 pólizas de seguro del legislador, vinculadas a delitos de saqueo bajo la RA 7659, soborno y la RA 3019.
