La Oficina del Defensor del Pueblo ha presentado cargos por malversación y corrupción ante el Tribunal de Primera Instancia de Malolos contra los contratistas Sarah y Curlee Discaya y otras nueve personas por un proyecto de control de inundaciones de 53,9 millones de pesos en Calumpit, Bulacan.
Los cargos se dirigen a una supuesta rehabilitación anómala de una estructura de construcción fluvial a lo largo de Bulusan en Calumpit, Bulacan. Ocho funcionarios de la Oficina de Ingeniería del Primer Distrito de Bulacan del Departamento de Obras Públicas y Carreteras y un ejecutivo de la empresa St. Timothy Construction Company también fueron nombrados en la denuncia. El Defensor del Pueblo adjunto, Mico Clavano, señaló que la investigación determinó que los funcionarios acusados permitieron al contratista tomar posesión de los fondos y apropiarse indebidamente de ellos. El caso implica tanto delitos de corrupción como de malversación de caudales públicos.
