La Oficina del Ombudsman ha acusado a Sarah y Curlee Discaya de prevaricación y malversación de fondos en relación con un proyecto de control de inundaciones en Bulacan, alegando que su empresa obtuvo 53 millones de pesos mediante métodos cuestionables.
Los cargos se centran en la empresa del matrimonio Discaya, St. Timothy Construction, la cual presuntamente se benefició de manera irregular del proyecto. Sarah Discaya se encuentra actualmente detenida. Curlee Discaya, quien permanece bajo custodia en el Senado, enfrenta una orden de arresto y podría ser trasladado a una cárcel en Payatas. El caso fue reportado el 6 de junio de 2026, marcando el desarrollo más reciente en los procedimientos judiciales en curso que involucran a la pareja.
