En medio del debate por un impuesto al patrimonio empresarial en Colombia, un análisis revela que solo tres países de la OCDE aplican un gravamen general al patrimonio neto personal. Otros naciones europeas gravan activos específicos, mientras que en la región, Argentina y Uruguay tienen tributos similares. Expertos advierten que este tipo de impuestos está en desuso y podría afectar la competitividad.
La propuesta de un impuesto al patrimonio de las empresas en Colombia, enmarcada en la emergencia por la ola invernal, ha suscitado controversia entre analistas y gremios. Según la Tax Foundation, en la OCDE solo Suiza, Noruega y España conservan un impuesto al patrimonio personal neto, mientras que el gravamen a personas jurídicas cada vez es menos común.
En Europa, Francia eliminó su impuesto al patrimonio neto en 2018 y lo sustituyó por el Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI), enfocado en bienes raíces. Países como Italia, Bélgica y los Países Bajos aplican tributos sobre activos determinados, pero no sobre el patrimonio neto total de individuos.
En América Latina, Argentina grava la riqueza neta de personas físicas mediante el impuesto a los bienes personales, y Uruguay aplica el Impuesto al Patrimonio (IP) tanto a individuos como a empresas sobre su patrimonio neto en el país. Luxemburgo, por su parte, impone un Net Wealth Tax (NWT) a empresas residentes y sucursales basado en activos netos, independientemente de ganancias.
César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Eafit, recordó que Colombia implementó un impuesto similar en 2002 durante una crisis macroeconómica para financiar seguridad, pero se desmontó después. "Los impuestos al patrimonio están en extinción; no más de cinco países persisten con esta mala idea", afirmó Tamayo. El nuevo decreto establece una tarifa del 0,5%, con 1,6% para sectores minero-energético y financiero, lo que, según él, desincentiva la innovación al gravar activos que generan empleo y prosperidad.
El Consejo Gremial Nacional rechazó usar la emergencia invernal para expedir decretos y enfatizó la necesidad de constitucionalidad. La Asociación de Consultores de Propiedad Industrial (ACP) argumentó que el gravamen amenaza la equidad tributaria.
