Dos columnistas de La Tercera exponen visiones opuestas sobre la reducción del impuesto corporativo en Chile, en medio de una desaceleración económica y déficit fiscal. Alejandro Weber aboga por bajarlo del 27% al 23% para impulsar inversión y empleo, compensado con recortes de gasto. Carlos J. García advierte que no generará crecimiento significativo debido a rentismo y concentración de mercados.
La economía chilena mostró una marcada ralentización en 2025: un crecimiento del 3,3% en la primera mitad del año y solo 1,7% en la segunda, confirmado por la contracción del Imacec de enero de 2026, según Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. El Informe de Finanzas Públicas indica compromisos de gasto para 2026 en 23,8% del PIB, con ingresos del 22%, un déficit estructural de al menos 2,7% y efectivo de 1,8%. Las obligaciones fiscales de marzo ascienden a unos US$7.500 millones, dejando la caja casi en cero. Chile es el único país de la OCDE que aumentó la carga tributaria corporativa en los últimos 20 años, mientras 34 de 38 la redujeron, destaca Weber, quien propone bajar la tasa de primera categoría del 27% al 23%, con un costo fiscal neto de 0,36% del PIB (0,09 puntos por punto porcentual, según la Comisión Marfan). Propone gradualidad, recortes permanentes de gasto —el gobierno anunció US$4.000 millones para el primer año— y otros ingresos como regulación de apuestas en línea (0,1% PIB). 'Menos impuesto corporativo significa más inversión, más empleo formal y mayores ingresos de mercado para los trabajadores', escribe Weber. En contraste, Carlos J. García, académico de la Universidad Alberto Hurtado, cuestiona los beneficios. Cita estudios como el de Mertens y Ravn, que estiman un impulso de 0,6% en PIB per cápita por punto de rebaja, pero Owen Zidar muestra que el crecimiento proviene de recortes a bajos ingresos, no corporativos, donde el excedente va a dividendos en mercados concentrados. Las rebajas de IVA tienen traspaso incompleto al consumidor. García aboga por inversiones públicas en minería, desalinización, infraestructura y capital humano. 'Estas cuentas alegres se desmoronan cuando chocan con la realidad del rentismo y la desigualdad', afirma.
