Gobierno definirá salario mínimo vital para 2026 por decreto

El Gobierno colombiano fijará el incremento del salario mínimo para 2026 mediante decreto el 29 o 30 de diciembre, incorporando por primera vez el concepto de salario mínimo vital, alineado con estándares de la OIT. El presidente Gustavo Petro anunció que este ajuste busca garantizar condiciones de vida dignas para trabajadores y sus familias. Sin embargo, el aumento no obliga automáticamente a elevar salarios superiores al mínimo.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no logró consensuar el incremento del salario mínimo para 2026, por lo que la decisión final recae en el Gobierno, que la emitirá por decreto a fines de diciembre. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la inclusión del 'salario mínimo vital', un concepto nunca aplicado previamente en el país.

El 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció durante su alocución que Colombia avanzará hacia este salario mínimo vital, inspirado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Petro, este debe ser suficiente para cubrir las necesidades reales de los hogares, asegurando una vida digna. La OIT enfatiza que el salario vital debe basarse en evidencia, procesos transparentes y diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores, cubriendo una canasta básica que incluye alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, vestuario, imprevistos y participación social. Además, debe considerar diferencias regionales y no limitarse solo a mecanismos de fijación salarial.

Respecto a los salarios superiores al mínimo, la abogada laboral Gina Lizzethe García Rivera explicó que la ley no obliga a incrementos automáticos, ya que la norma se dirige directamente a quienes devengan exactamente el salario mínimo. No obstante, principios de equidad y proporcionalidad interna pueden justificar ajustes razonables para mantener coherencia entre funciones y remuneración. Estos incrementos dependen de la decisión del empleador y se consideran buena práctica para fomentar estabilidad laboral y motivación. En la práctica, muchos salarios se actualizan según la inflación, aunque sin criterios uniformes. Analistas sugieren ampliar el debate salarial para incluir variables económicas y reducir su carga política.

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