En medio de la discusión entre trabajadores, empresarios y el Gobierno por el ajuste del salario mínimo de 2026, los neivanos expresan sus posturas. Las propuestas oscilan entre un 16% de los sindicatos y un 7,21% de los gremios, mientras el ministro del Trabajo busca consensos para evitar impactos inflacionarios.
La concertación del salario mínimo para 2026 genera tensiones entre las centrales obreras, que proponen un aumento del 16%, y los empresarios, que abogan por un 7,21%. El Gobierno Nacional, a través de la comisión tripartita integrada por sindicatos, gremios y el Ejecutivo, busca un acuerdo que evite desacuerdos. Una nueva sesión se realiza este jueves desde las 8 de la mañana, con plazo hasta el 15 de diciembre para lograr consenso.
El actual salario mínimo es de $1.423.500, sin incluir el auxilio de transporte. Con el 16% propuesto por los trabajadores, ascendería a $1.651.260, un incremento de $227.760. En cambio, el 7,21% de los empresarios lo elevaría a $1.526.134, sumando solo $102.634, lo que deja una brecha de $125.126 entre ambas opciones. Para el auxilio de transporte, que hoy es $200.000, el ajuste del 7,21% lo llevaría a $214.420, y el 16% a $232.000. Así, el salario total con auxilio quedaría en $1.740.554 bajo la propuesta empresarial o $1.883.260 con la sindical.
Para mitigar el impacto en la inflación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la desindexación de la vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), así como de servicios públicos como el agua potable. “Desde el gobierno hemos pensado en la desindexación de la vivienda, sobre todo de la vivienda de interés social (VIS), de la vivienda de interés prioritario (VIP). Y las centrales sindicales particularmente han planteado también que en esa misma dirección lo hagamos con servicios públicos, principalmente el servicio público de agua potable que, como ya hemos visto por las cifras presentadas por el Dane, tiene un impacto muy importante de la inflación”, explicó Sanguino.
En Neiva, los ciudadanos comunes también participan en el debate, compartiendo sus opiniones sobre cuál ajuste beneficiaría más a la economía local y familiar.