El Gobierno colombiano ha confirmado un ajuste en las tarifas de peajes que entrará en vigor el 16 de enero de 2026, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor del 5,30%. Esta medida aplica a todas las concesiones viales y busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte. Sin embargo, se implementarán estrategias para mitigar el impacto en usuarios y transportistas.
El Gobierno nacional ratificó el ajuste anual en las tarifas de peajes, que comenzará a aplicarse el 16 de enero de 2026 en todo el territorio colombiano. Según la normativa vigente, este incremento responde a la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró un 5,30% anual hasta noviembre de 2025, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aclaró que se trata de un ajuste por costo de vida que se extenderá de forma general a la red vial concesionada. El objetivo es preservar la viabilidad financiera para el mantenimiento, operación y expansión de la infraestructura vial.
Reconociendo el efecto en los costos de transporte de carga, precios de pasajes y economía familiar, el Ejecutivo ha adoptado medidas de alivio no uniformes, que varían según el tipo de concesión y la antigüedad de los contratos. Estas incluyen tarifas diferenciales para comunidades cercanas o usuarios frecuentes, postergación de alzas programadas y esquemas de ajuste progresivo.
Este anuncio llega en medio de creciente descontento público, exacerbado por incrementos previos como el 30% autorizado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en ocho estaciones en enero de 2025. En 2025, las tarifas más altas para vehículos livianos alcanzaron los $26.400 en Pipiral (vía al Llano), seguidos de $25.000 en Túnel de Oriente (Antioquia) y $24.600 en Cisneros.
Para vehículos de carga, como camiones de cinco ejes, los costos superan los $45.000 en varias estaciones, llegando a $69.400 en Cerritos II (Risaralda). Tras el fin del congelamiento tarifario de 2023, cinco peajes pendientes ajustaron sus tarifas a fin de año, incluyendo Cisneros, Machetá y El Placer.
La medida reaviva debates sobre el modelo de concesiones viales, con llamados a revisiones legislativas más profundas para equilibrar sostenibilidad e impacto social.
