El Ministerio de Transporte de Colombia retiró el proyecto de ley 347 de 2026 que buscaba endurecer las sanciones a plataformas de movilidad como Uber y Didi. La decisión busca aclarar el alcance del decreto e incorporar diálogos con el sector transportador. Plataformas digitales han alertado sobre posibles prohibiciones y persecuciones.
El Ministerio de Transporte anunció la retirada del proyecto de ley de régimen sancionatorio para plataformas de movilidad, con el fin de realizar ajustes al articulado. Esta decisión se tomó para proporcionar mayor claridad sobre el alcance del decreto e incorporar las conversaciones con el sector de transportadores, según informó Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte.
Serna explicó que los ajustes responden a 'las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley'. El proyecto, conocido como Ley 347 de 2026, pretendía aumentar la supervisión sobre servicios de transporte a través de aplicaciones, pero generó alertas inmediatas de empresas como Uber y Didi.
Desde Uber, la compañía argumentó que el proyecto 'confunde la innovación con amenaza' y traslada un debate que debería resolverse mediante diálogo y visión de futuro para la economía y movilidad del país. 'Criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de moto y vehículos particulares, así como la estabilidad y la tranquilidad de sus familias', señalaron.
'Colombia está en un momento de definiciones. El rumbo no debería ser castigar lo que funciona, sino confiar en los ciudadanos y en su capacidad de elegir cómo generar ganancias y cómo moverse', indicó Uber.
Por su parte, Alianza In, que representa a plataformas digitales, calificó el proyecto como 'uno de los retrocesos más graves' en innovación y movilidad, amenazando el ecosistema digital y los ingresos de cientos de miles de familias. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, afirmó: 'Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan. Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas'.
Entre las sanciones criticadas figuran la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y multas desproporcionadas, como 4,7 millones de pesos por cada viaje o hasta 2.179 millones cuando no se especifica sanción. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mencionó que no comparte el diseño del proyecto, aunque podría generar confusiones.
Esta retirada abre espacio para revisiones que equilibren regulación e innovación en el sector de transporte.
