Colombia debate regulación más estricta para plataformas como Airbnb

El gobierno colombiano propone un decreto para endurecer la regulación de plataformas como Airbnb, buscando equilibrar la innovación tecnológica con reglas claras de mercado. Empresarios del turismo advierten riesgos para empleos y el inventario de alojamientos, mientras gremios defienden medidas para garantizar seguridad y competencia leal. El debate resalta la necesidad de formalizar estas plataformas sin frenar su crecimiento.

El proyecto de decreto del gobierno colombiano ha reavivado el debate sobre la regulación de plataformas digitales como Airbnb, similar al que surgió con Uber y Rappi. Según empresarios del sector turístico, las nuevas normas podrían poner en riesgo más del 95% del inventario de alojamientos en Airbnb y más de 215.000 empleos vinculados a rentas cortas y vacacionales.

Sin embargo, los defensores de la formalidad argumentan que estas plataformas no pueden operar como innovaciones parásitas que evaden impuestos y regulaciones, aplicables a los jugadores tradicionales del mercado. El principio implícito de que “el vivo vive del bobo”, donde el “bobo” es el empresario formal, no es sostenible. Gremios como Anato aclaran que el objetivo no es eliminar las plataformas, sino regularlas para seguridad, calidad e igualdad de condiciones.

Entre las medidas propuestas se incluyen la obligatoriedad del Registro Nacional de Turismo (RNT) para las plataformas y dueños de viviendas turísticas no hoteleras, así como la creación del Sistema de Verificación y Control del RNT (Svcrnt) para comprobar documentación junto con cámaras de comercio y autoridades. Esto busca igualar la cancha en un mercado donde multinacionales extranjeras como Temu, Shein, Uber y Netflix operan sin cumplir plenamente las reglas locales.

El análisis destaca dos mercados: el regulado, mercantil, con estándares de seguridad para hoteles y transporte, y el no regulado, informal, que genera competencia desleal y precarización. Regular distribuiría cargas entre plataformas y prestadores, protegiendo usuarios y finanzas públicas, sin aceptar una economía informal que perjudique estándares mínimos. Colombia necesita tecnología integrada al marco institucional, donde innovar no signifique evadir responsabilidades.

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