La Ley de Reajuste del Sector Público 2026 genera controversia en Chile por incluir más de 100 artículos misceláneos que exceden su propósito original. El gobierno defiende la iniciativa como necesaria para modernizar el empleo público, mientras críticos la tildan de ley 'ómnibus' desnaturalizada. El reajuste promedia un 2,8% con un costo fiscal de US$ 1.700 millones, pero persisten dudas sobre su financiamiento.
La discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026 en el Congreso chileno ha estado marcada por una fuerte polémica. El proyecto, con 129 artículos, incorpora un reajuste salarial promedio de 2,8% para los funcionarios públicos, con un costo estimado en US$ 1.700 millones. Sin embargo, más de 100 de estos artículos abordan materias misceláneas, como cambios en el giro de Correos de Chile y Enap —que requieren quórum calificado—, modificaciones para funcionarios a contrata, condiciones de empleo para mayores de 75 años y el adelanto del cronograma de los Servicios Locales de Educación.
El Ejecutivo ha utilizado históricamente esta ley, de tramitación expedita, para incluir reformas variadas. En esta ocasión, 36 artículos fueron aprobados el miércoles, según el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, quien defiende la extensión del proyecto. "Son muy variados y muy heterogéneos por buenas razones", afirmó Boccardo, destacando compromisos de la ley de presupuestos y aclaraciones de normativas recientes para mejorar el funcionamiento del Estado.
Críticos, como en un editorial de La Tercera, cuestionan esta práctica de 'amarres' que deja ataduras a la próxima administración. Se critica la falta de debate profundo para temas complejos y la ausencia de financiamiento claro, especialmente tras decisiones en la Ley de Presupuestos que inicialmente asumían un reajuste nulo. Boccardo rechazó acusaciones de complicar despidos, enfatizando estabilidad para los 300.000 trabajadores a contrata en un universo de 500.000 en el Estado central. "Que el despido sea fundado", propuso, para reducir incertidumbre judicial.
El ministro también abogó por una modernización integral del empleo público y defendió a los funcionarios contra "denostación sistemática", recordando su rol en servicios esenciales como salud, educación e IPS. Mientras el debate se concentra en pocos puntos controvertidos, el gobierno espera aprobar una parte significativa de la ley.
