La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la admisibilidad de la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértegui, con 132 votos a favor. El libelo, impulsado por diputados oficialistas, se basa en tres capítulos relacionados con faltas a la probidad en casos judiciales clave. Ahora, el Senado resolverá el caso el 22 de diciembre, pudiendo destituirlo si se aprueba por mayoría.
En una sesión histórica el 15 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad la cuestión previa presentada por la defensa de Diego Simpértegui, con 110 votos en contra y cero a favor. Esto allanó el camino para discutir el fondo de la acusación constitucional, que fue aprobada con 132 votos a favor y ninguno en contra.
El libelo, presentado por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini del Partido Socialista, acusa al juez de notable abandono de deberes en tres aspectos: falta de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec; conflictos de interés en nombramientos notariales; e infracciones similares en el caso Fundamenta. El caso se enmarca en la 'trama bielorrusa', donde Simpértegui viajó en crucero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —actualmente en prisión preventiva— días después de que la Corte Suprema fallara a favor de Belaz Movitec.
El abogado defensor Felipe Lizama alegó vicios formales, como falta de tiempo para revisión y supuestos prejuzgamientos de diputados, comparando el caso con la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Sin embargo, la diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión revisora, defendió el proceso: “La cuestión previa no es un juicio sobre culpabilidad... Rechazarla solo abre el debate que la Constitución nos exige abrir”.
Manouchehri enfatizó: “Acá estamos en presencia de un juez de la Corte Suprema que falló a favor de una parte que estaba representada por sus amigos... y con los cuales tomó un crucero”. Lizama insistió en que Simpértegui pagó sus gastos personalmente y que el Senado tendrá la última palabra.
La Cámara designó a Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Rathgeb (RN) para fundamentar la acusación ante el Senado, que sesionará como jurado el 22 de diciembre. Si se aprueba con al menos 26 votos, Simpértegui sería destituido e inhabilitado por cinco años para cargos públicos.