CGT
Diputados aprueban dictamen de reforma laboral tras concesiones del oficialismo
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En un plenario de comisiones, el oficialismo de La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría para la reforma laboral con 44 firmas, tras eliminar el controvertido artículo 44 sobre licencias médicas. La oposición, liderada por Unión por la Patria, presentó una contrarreforma que propone jornadas más cortas y mayores derechos para trabajadores. Paralelamente, la CGT convocó un paro nacional para el 19 de febrero en rechazo al proyecto.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez laboral Alejandro Ojeda remitir en 24 horas el expediente sobre la reforma laboral. La medida busca destrabar el conflicto de competencia y acelerar el trámite impulsado por el Gobierno contra la cautelar de la CGT. Esto representa un nuevo revés para la central obrera.
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La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decidió que el reclamo de la CGT por la inconstitucionalidad de la reforma laboral se tramite en ese fuero, en lugar del laboral. Los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy fallaron a favor del Gobierno nacional. Esta resolución representa otra victoria judicial para el Ejecutivo ante la central obrera.
El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de reforma laboral descrito como moderado, discutido en el Consejo de Mayo y abierto a modificaciones para su aprobación en el Senado antes de fin de año. La CGT aplazó sus definiciones hasta la presentación oficial del martes y prepara una propuesta alternativa para fomentar el empleo joven. Una encuesta revela que el 61% de la población apoya una reforma laboral, aunque solo el 43% respalda la versión oficialista.
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La nueva conducción de la CGT, encabezada por un triunvirato, inicia una semana de reuniones internas para definir su posición frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Líderes como Octavio Argüello criticaron duramente la iniciativa, calificándola de flexibilización que atenta contra los derechos de los trabajadores. El Gobierno defendió el proyecto, asegurando que no quitará derechos.