Los escándalos en el servicio de protección de menores de la Generalitat, conocido como caso DGAIA, han generado acusaciones de la oposición contra el Govern de Salvador Illa por bloquear investigaciones sobre irregularidades gestionadas previamente por ERC. Un informe de la Sindicatura de Cuentas revela pagos indebidos por 167,56 millones de euros entre 2016 y 2024, incluyendo 4,7 millones de la DGAIA. Illa defiende su gestión y anuncia cambios para mayor transparencia.
En la última sesión de control al Govern en el Parlament, partidos como PP, Vox, CUP y Aliança Catalana acusaron al Ejecutivo del PSC de obstruir la investigación sobre la gestión de la DGAIA, dependiente de la consejería de Derechos Sociales que ERC controló mayoritariamente entre 2016 y 2024. El president Salvador Illa respondió airado: «No encubro nada ni tengo necesidad de hacerlo, pero tampoco voy a dar pábulo a falsas denuncias e insinuaciones». Ante la interpelación de la CUP sobre un testigo protegido que denunció pagos irregulares, Illa añadió: «Si hay personas que denuncian cosas que se hicieron mal hace tiempo, que no se escondan tapándose la cara, que vayan a denunciarlo donde hay que hacerlo».
Un educador social alertó al Síndic de Greuges y a la Oficina Antifraude sobre pagos indebidos de la DGAIA a jóvenes ex tutelados que no cumplían requisitos. El informe de la Sindicatura de Cuentas de junio detectó 167,56 millones de euros en prestaciones sociales irregulares, de los cuales 7,17 millones prescritos, y 4,7 millones directamente de la DGAIA en ayudas como renta garantizada o prestaciones por dependencia. Un reporte previo de noviembre de 2024 señaló irregularidades en contrataciones de emergencia entre 2016 y 2020.
El Govern impulsó reformas, como el cese en marzo de la directora Isabel Carrasco y el subdirector Joan Mayoral, y el cambio de nombre a DGPPIA en junio. La consellera Mònica Martínez Bravo afirmó: «Se trata de dejar atrás la DGAIA, refundarla y que sea más efectiva». La Oficina Antifraude investiga posibles responsabilidades en adjudicaciones a entidades como la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis y Plataforma Educativa, que gestionó más de 300 millones entre 2016 y 2023. La Fiscalía muestra interés, y el Tribunal de Cuentas abrió diligencias en octubre. Una comisión parlamentaria se creó ese mismo mes para indagar el caso.
