Por primera vez, la Generalitat de Catalunya proporcionará abogados de oficio a las familias desde el inicio de los trámites administrativos de desamparo de sus hijos, y no solo en la fase judicial. Este acuerdo entre el Govern y el Consejo de la Abogacía Catalana responde a una demanda antigua para proteger mejor a familias con pocos recursos. La medida busca garantizar derechos y fortalecer la protección infantil.
La Generalitat de Catalunya y el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) han alcanzado un acuerdo histórico para extender la asistencia jurídica gratuita a la fase administrativa de los expedientes de desamparo infantil. Hasta ahora, las familias solo accedían a un abogado de oficio una vez que el caso llegaba a los tribunales, dejando a muchas personas con bajos recursos indefensas durante el proceso inicial.
Este cambio introduce un nuevo módulo específico de abogacía de oficio gestionado por la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), la antigua DGAIA. Los abogados intervendrán en el expediente previo al desamparo y en las solicitudes de revisión, siempre que se cumplan los requisitos de la ley de asistencia jurídica gratuita. Por cada actuación, se abonarán 100 euros, con una inversión prevista de 90.000 euros en 2026 a través de un convenio con el CICAC.
El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha enfatizado que esta medida “supone un paso muy relevante en la garantía de los derechos de las familias y de los niños, porque introduce el acompañamiento jurídico desde el primer momento en un procedimiento especialmente delicado”. Además, busca “asegurar que ninguna familia afronte sola un proceso administrativo de gran complejidad e impacto personal, reforzando la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones que se toman”.
Por su parte, Rogeli Montoliu, presidente del CICAC, ha destacado que la incorporación de la abogacía de oficio corrige “una anomalía del sistema que dejaba a las familias sin defensa en un momento clave del procedimiento”, y “fortalece el sistema de protección a la infancia porque hace las decisiones más sólidas, más garantistas y jurídicamente más robustas”.
El acuerdo forma parte de un convenio más amplio que incluye una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años (2026-2029), sumando 22,8 millones en total para reforzar el servicio de justicia gratuita. También se ha firmado el convenio anual para el turno de oficio de 2026, por 74,2 millones de euros.
Esta iniciativa responde a las complejidades de los expedientes de desamparo, que afectan a familias vulnerables y requieren un mayor respaldo legal desde el principio.
