Agentes de la Policía Nacional acudieron este lunes a la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid para recoger documentación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. La visita forma parte de una pesquisa sobre una presunta trama de contratos amañados que podría haber defraudado 20 millones de euros en una década. El Ministerio de Ciencia aclara que no se trató de un registro, sino de una entrega voluntaria de información.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el principal organismo español dedicado a la investigación del cáncer, se encuentra en el centro de una investigación por presunta corrupción. Este lunes, 22 de diciembre de 2025, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentaron en la sede del CNIO para obtener documentación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Según el Ministerio de Ciencia, del que depende el centro, la acción consistió en una 'solicitud formal de información' y no en un registro. Los agentes se llevaron un disco duro con los documentos requeridos, sin incautarse de ordenadores u otros dispositivos.
La denuncia, presentada por un exdirectivo despedido en agosto con expediente disciplinario, acusa al exgerente del CNIO, Juan Arroyo —quien ocupó el cargo durante más de 15 años—, y a otros empleados de urdir una red de contratos amañados adjudicados a empresas afines. El denunciante estima que se pudieron sustraer unos 20 millones de euros de las arcas públicas en los últimos diez años. Entre las empresas señaladas figuran Gedosol, fundada por el exjefe de personal y receptora de más de 15 millones en contratos; Zeus SL, creada por el exdirector técnico y con facturación de 5,4 millones; y Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras, que facturó 11 millones. Estas compañías, según la denuncia de 120 páginas adelantada por El Mundo el 16 de noviembre, tenían al CNIO como único cliente y ganaban casi todas las licitaciones a las que se presentaban.
Arroyo niega las acusaciones. El patronato del CNIO, presidido por Eva Ortega Paíno y con la ministra Diana Morant como presidenta de honor, destituyó a Arroyo y a la directora María Blasco en enero de 2025, tras un enfrentamiento entre ambos. Blasco, acusada de acoso laboral —lo que ella niega—, fue reemplazada por el bioinformático Raúl Rabadán, proveniente de la Universidad de Columbia. La científica, por su parte, había denunciado previamente los presuntos irregularidades de Arroyo. El CNIO cuenta con un presupuesto anual de 40 millones de euros, la mitad financiada por el Ministerio de Ciencia, que ha manifestado su 'colaboración absoluta con la justicia' y determinación contra cualquier irregularidad.
La denuncia destaca patrones en las contrataciones desde 2007, como contratos encadenados por importes justo por debajo de los umbrales de control (49.900 o 14.900 euros), según la Ley de la Ciencia y las guías internas del centro. Empresas satélites externalizaban servicios que antes realizaba el personal del CNIO, asfixiado por recortes, cobrando por tareas no ejecutadas.
