El Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz tras audios en los que el CEO de Ribera Salud ordena alargar listas de espera para aumentar beneficios. La ministra Mónica García pide a la Comunidad de Madrid una inspección exhaustiva en todos los hospitales de gestión privada. Trabajadores denunciaron presiones similares meses atrás para priorizar pacientes rentables.
El escándalo estalló con la publicación de audios por EL PAÍS, en los que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud —empresa que gestiona el hospital público de Torrejón desde hace 14 años—, insta el 25 de septiembre a directivos a revertir esfuerzos previos para reducir listas de espera. "En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart, buscando mejorar el EBITDA hasta 4 o 5 millones de euros mediante ajustes que eviten procesos no rentables.
La Alta Inspección del Ministerio de Sanidad verifica si se vulneraron derechos de salud pública. García advierte: "El Gobierno de España y este Ministerio no pueden permanecer ajenos ante hechos que, de ser verificados, comprometerían gravemente la garantía de equidad, calidad y universalidad". Pide a Isabel Díaz Ayuso extinguir la concesión si se confirman irregularidades y extender la pesquisa a otros centros privados, citando controversias previas en Quirón Salud.
Trabajadores habían alertado en mayo mediante un manifiesto firmado por decenas, y en junio con un documento interno de más de 250 profesionales, de presiones para priorizar pacientes de otras áreas sanitarias —que permiten facturación extra— sobre locales. En 2023, el hospital atendió casi 25.000 citas entrantes, un aumento del 55% desde 2022, y elevó intervenciones quirúrgicas un 44-58%. Denuncian priorización contraria a la equidad y código deontológico, con incentivos para horas extras en estos casos.
La Consejería madrileña, dirigida por Fátima Matute, envió un equipo multidisciplinar que confirmó normalidad operativa y se compromete a controles. Ayuso guarda silencio, mientras Alberto Núñez Feijóo exige auditoría rigurosa y posible responsabilidad penal. 39 jefes de servicio defienden su labor: "Nunca hemos adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes".
Gallart se desvinculó del hospital, que anuncia auditoría interna.
