A pesar del escándalo revelado por audios en los que el director de Ribera Salud pide alargar listas de espera para ganar más dinero, los pacientes del Hospital de Torrejón muestran opiniones mixtas sobre el servicio. Mientras algunos expresan frustración por cancelaciones repetidas y protestas recientes, otros valoran positivamente sus experiencias recientes. El debate sobre el modelo público-privado de sanidad en Madrid se intensifica con investigaciones en curso.
El Hospital de Torrejón, un centro público gestionado por la privada Ribera Salud, se encuentra en el centro de una controversia tras la publicación de audios por EL PAÍS. En ellos, el director ejecutivo Pablo Gallart afirma que "la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa", sugiriendo que retrasar tratamientos aumenta los beneficios de la empresa. Al día siguiente de la revelación, Gallart se apartó de la gestión y Ribera Salud anunció una auditoría profunda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicialmente silenciosa, declaró que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia", pero pronto lo minimizó como "rencillas entre directivos". El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, solicitó una investigación en otros hospitales de gestión privada en Madrid sin obtener respuesta, y anunció que su departamento examinará irregularidades en Torrejón.
Pacientes como Manuel Ruiz, de 67 años con EPOC, han sufrido 13 cancelaciones de citas desde octubre, seis días después de la orden de Gallart. "No van a hacer nada hasta que me muera", lamenta. Carmen González, de 68 años, operada del corazón en febrero, enfrentó demoras que culminaron en un infarto; solo tras una queja recibió disculpas y citas respetadas. En contraste, Martina, de 17 años, y Javier Ojeda, de 44, reportan experiencias positivas con cirugías y seguimientos rápidos, aunque reconocen esperas habituales.
El viernes pasado, unas 500 personas protestaron ante el hospital por su decadencia. Trabajadores, bajo un "régimen del terror", denuncian presiones para maximizar pacientes y altas tasas de reincidencia por falta de tiempo. Una anestesista en 2023, antes de renunciar, escribió sobre "falsas promesas y más desmantelamiento", tras la salida de 12 colegas en seis meses. Sanitarios coinciden en que, pese al esfuerzo, las condiciones son insostenibles.
