La ministra de Salud, Ximena Aguilera, interrumpió sus vacaciones para negar cualquier privilegio en la cirugía de cadera de su madre en el Hospital del Salvador, ocurrida el 23 de diciembre. La oposición exige su renuncia alegando posibles irregularidades, mientras el hospital defiende que se siguieron protocolos clínicos. Un paciente cuya operación fue postergada falleció días después, avivando el debate sobre equidad en el sistema público.
El 23 de diciembre de 2025, Lucía Sanhueza Vargas, de 87 años y madre de la ministra de Salud Ximena Aguilera, sufrió una fractura de cadera por una caída y llegó al Hospital del Salvador alrededor de las 11:00 horas. La paciente, con demencia avanzada, fue operada aproximadamente 10 horas después, en un procedimiento descrito como 'fast track' que omitió trámites administrativos habituales. Aguilera, quien inauguraba un hospital en San Antonio ese día, llegó al recinto santiaguino cerca de las 15:00 y negó haber solicitado atención especial.
El 2 de enero de 2026, la ministra compareció ante la prensa para 'descartar de plano' cualquier privilegio, enfatizando que las decisiones se basaron en criterios clínicos por su edad y condición. 'Una caída con fractura de cadera es un cuadro grave en una persona mayor', explicó, y rechazó renunciar pese a las presiones opositoras. Lamentó la muerte de un paciente laparostomizado cuya reexploración quirúrgica fue postergada ese día; este falleció tres días después por shock séptico, aunque el hospital aclaró que recibía cuidados intensivos y que su procedimiento era programado, no de urgencia.
El Hospital del Salvador defendió que 'todas las decisiones clínicas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos', inició una auditoría y respondió a un requerimiento de la Contraloría. Sin embargo, legisladores de oposición como Marlene Pérez (UDI) cuestionaron: 'Es legítimo preguntarse si es responsable que personas con capacidad de pago utilicen cupos destinados a quienes no tienen alternativa'. Andrés Celis (RN) demandó una investigación por tráfico de influencias, afirmando que 'los dichos de la ministra se contradicen con documentos'. El abogado Raimundo Palamara presentó una querella contra Aguilera y el presidente Gabriel Boric por omisión de denuncia.
Desde el oficialismo, Juan Luis Castro (PS) valoró la explicación pero criticó la demora: 'Esto se pudo haber hecho desde el principio'. El Colegio Médico (Colmed) pidió una 'investigación imparcial' para esclarecer la priorización y resguardar la equidad. La Moneda respalda a Aguilera, aunque el caso erosiona la confianza en un sistema de salud colapsado por listas de espera.
