La reciente adjudicación de fondos por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) excluyó a centros clave como el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), reavivando debates sobre la política científica en Chile. Este cambio elimina áreas prioritarias previas, como el cambio climático, en medio de alertas por incendios forestales. Expertos advierten que el país pierde capacidades estratégicas en investigación esencial.
En una semana de alertas por incendios en varias regiones de Chile, la ANID anunció la adjudicación de fondos para Centros de Interés Nacional, dejando fuera al CR2, un referente en investigación interdisciplinaria sobre cambio climático con más de 13 años de evaluaciones positivas internacionales. Este centro, dirigido previamente por la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, compitió bajo un nuevo modelo de financiamiento que reemplaza las 'áreas prioritarias' —como cambio climático o cáncer— por tipologías de proyectos, según una actualización de la Política Nacional de Centros en 2023 por el Ministerio de Ciencia.
Pilar Moraga, directora del CR2 y académica de la Universidad de Chile, explica que 'el efecto concreto de este cambio es que hoy Chile se queda sin aporte estatal para la ciencia del clima y la resiliencia'. El proyecto obtuvo calificaciones excelentes de un panel internacional, pero no superó la revisión de un panel nacional no científico, sin detalles públicos sobre puntajes finales. Sin los $1.200 millones anuales por cinco años, el centro enfrenta inviabilidad operativa, afectando plataformas de riesgo climático y apoyo a políticas públicas.
Otro excluido es el Centro de Gerociencia Salud Mental y Metabolismo (Gero), cuyo director alterno Cristián González-Billault destaca que 'es tremendamente llamativo que envejecimiento no fue considerado un tema de interés nacional', dada la acelerada vejez poblacional y brechas en expectativa de vida sana. De 69 postulaciones para estos centros, solo 11 fueron adjudicados y tres quedaron en lista de espera; en total, de 183 solicitudes variadas, 29 obtuvieron fondos.
Casos similares incluyen el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que tras 12 años enfatiza su legado como bien público. Entre los adjudicados figuran centros en suelos, bienestar adolescente y energía solar. Moraga cuestiona la coherencia con la Ley Marco de Cambio Climático, que exige decisiones basadas en ciencia disponible, y evalúa impugnar el resultado.
