Un nuevo informe del American Energy Institute alerta a los legisladores sobre una red activista coordinada que busca restringir el desarrollo energético estadounidense. El documento, enviado a líderes republicanos esta semana, detalla los esfuerzos de grupos ambientalistas para influir en las políticas y cuestionar proyectos. Destaca riesgos potenciales para la independencia energética nacional en medio de debates políticos en curso.
El American Energy Institute, dirigido por el CEO Jason Isaac, distribuyó esta semana un informe de 18 páginas y una carta adjunta a legisladores y líderes republicanos en Washington, D.C., y en todo Estados Unidos. Los materiales delinean lo que el instituto describe como una "pequeña pero altamente coordinada red activista comprometida con restringir la producción energética estadounidense". Según el informe, esta coalición ejerce influencia a través de un ecosistema de financiación de mil millones de dólares, coordinación nacional y estrategias de litigios destinadas a retrasar proyectos energéticos de EE.UU.
La carta enfatiza que tales acciones "fortalecen a los rivales de Estados Unidos al restringir la producción doméstica y limitar nuestra capacidad para competir en el escenario global". Las organizaciones clave mencionadas incluyen la Union of Concerned Scientists, Sierra Club y Greenpeace, que el informe acusa de oponerse a los combustibles fósiles y, en ocasiones, incluso a iniciativas nucleares o hidroeléctricas. Se dice que estos grupos aprovechan lazos con políticos demócratas, acciones legales, protestas y sabotajes ocasionales para contrarrestar políticas que promueven la expansión energética, particularmente aquellas asociadas con la administración Trump.
Se destacan recientes reveses legales para la red, incluido un veredicto de un jurado en Dakota del Norte a principios de este año que declaró culpables a tres entidades de Greenpeace por daños de 670 millones de dólares relacionados con protestas contra el Dakota Access Pipeline. La cantidad fue reducida posteriormente a 345 millones de dólares por un juez. Las protestas, que datan de casi una década, retrasaron el progreso del oleoducto unos diez años y llevaron a cargos penales; por ejemplo, la activista Jessica Reznicek recibió una sentencia de ocho años de prisión federal por conspiración para dañar una instalación energética.
A pesar de estos desafíos, el informe advierte de esfuerzos renovados alineados con iniciativas como el Green New Deal, que la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) describió en una resolución de 2019 como destinada a "descarbonizar la economía de EE.UU. en diez años". Los partidarios, incluido el Sierra Club, vinculan la transición a la eólica y solar con objetivos de "equidad racial y económica" al priorizar oportunidades para minorías. La financiación para estas campañas proviene de grandes donantes como la David and Lucile Packard Foundation, MacArthur Foundation, red Arabella Advisors, red Rockefeller, red Tides, Hewlett Foundation y Ford Foundation.
El instituto presenta estas actividades como "campañas bien coordinadas financiadas por redes de donantes con miles de millones de dólares en recursos", que representan una amenaza para la independencia energética de EE.UU. Afirma: "Estas organizaciones forman un frente unido con un objetivo: paralizar la industria energética estadounidense", advirtiendo de implicaciones más amplias para la política nacional y la competitividad.
