Un informe del Observatório da Cultura do Brasil, de más de 50 páginas con docenas de gráficos, profundiza en la crisis de la Lei Rouanet, principal mecanismo de financiación cultural de Brasil. El estudio destaca exclusiones regionales y administrativas, ya que el Ministerio de Cultura lanzó una consulta pública para revisar la ley en noviembre de 2025. Las críticas se centran en la concentración de recursos y fallos en la supervisión.
La Lei Rouanet cumplió 34 años el 23 de diciembre, atravesando el momento más crítico de su historia. Diseñada para ampliar el acceso a la financiación cultural mediante incentivos fiscales, la ley ahora representa un sistema excluyente y concentrador. Auditorías del TCU y de la CGU revelan un retraso de unos 26.000 proyectos sin contabilidad adecuada, por un monto de decenas de miles de millones de reales.
En 2025, el Ministerio de Cultura recibió más de 22.500 nuevas propuestas, agravando los cuellos de botella administrativos no resueltos. Cambios recientes han reducido la supervisión financiera, lo que ha llevado a tasas de rechazo cercanas al cero, no por cumplimiento, sino por controles relajados, según el TCU.
En términos de distribución, alrededor del 80 % de los recursos se concentran en el eje Río-São Paulo, particularmente en zonas acomodadas como Pinheiros, según el Observatório Ibira 30. Las regiones periféricas, el Norte, el interior y la mayoría de los trabajadores culturales permanecen excluidos.
El debate público está polarizado: los sectores de extrema derecha atacan moralmente la ley, mientras que el gobierno y el mercado cultural resaltan los impactos económicos, ignorando las profundas desigualdades. Instituciones como el Observatório da Cultura do Brasil, IBDCult, IPEA y Observatório Ibira 30 aportan análisis que exponen defectos en la gobernanza, ausencia de criterios regionales y captura por intereses privados.
El informe, apoyado por el científico político Manoel J. de Souza Neto, recopila auditorías, escándalos y datos, proponiendo reformas como criterios obligatorios de distribución regional, fortalecimiento del Fundo Nacional de Cultura y mayor transparencia. Con la reforma fiscal, los incentivos estatales y municipales finalizarán, sobrecargando aún más a la Rouanet. Parte de un libro sobre los 40 años del Ministerio de Cultura, el estudio defiende una reestructuración profunda para hacer de ella una política pública efectiva, responsable y socialmente justa, alineada con la Constitución.
