La Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee por unos dos millones de pesos cada una, pero las devolvió tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este incidente resalta la contradicción entre el discurso de austeridad republicana de la Cuarta Transformación y las prácticas de privilegio en el Poder Judicial. La compra ocurrió en un contexto de desigualdad económica y pobreza generalizada en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentó críticas por la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, con un costo aproximado de dos millones de pesos por unidad. Según reportes, los ministros aceptaron inicialmente los vehículos de alta gama, los utilizaron y trataron de justificar la compra, argumentando necesidades de seguridad. Sin embargo, ante el escándalo público y la presión, devolvieron las camionetas tras la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfatizó la necesidad de congruencia con el principio de austeridad republicana.
Este episodio ocurre en un México marcado por la desigualdad social, donde millones de personas viven al día y la inflación afecta los bienes básicos. La SCJN, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, se presenta como heredera del ideario juarista de austeridad y distancia entre poder y privilegio, pero la compra de estos lujos contradice ese mensaje. El argumento de la seguridad es válido en un país violento, pero no justifica el dispendio cuando el Estado debe priorizar recursos para la ciudadanía.
El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, atribuyó el incidente al 'uno por ciento' de militantes que distorsionan la doctrina del partido, reconociendo abusos pese al cumplimiento del 99 por ciento. Este caso debilita la legitimidad del Poder Judicial, ya bajo escrutinio por reformas y embates políticos, y cuestiona si la austeridad se aplica selectivamente a las élites. La devolución no borra el daño a la imagen institucional, y expertos llaman a reducir burocracia y sueldos para alinear acciones con el discurso oficial.
