En medio de una crisis institucional, San Lorenzo de Almagro convocó una asamblea para tratar un nuevo llamado a elecciones tras el desplazamiento de su presidente Marcelo Moretti. Moretti fue procesado por administración fraudulenta en una causa por presunta coima de 25.000 dólares para fichar a un jugador juvenil. La institución enfrenta acefalía después de que 14 miembros de la Comisión Directiva renunciaran.
La crisis en San Lorenzo de Almagro se profundizó esta semana con el procesamiento judicial de su presidente, Marcelo Moretti, por el delito de administración fraudulenta. La jueza Laura Bruniard, a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, dictó el procesamiento en el marco de una investigación por el presunto cobro de una coima de 25.000 dólares vinculada al fichaje de un jugador en las divisiones inferiores del club. Moretti, quien permanece en libertad, enfrenta un embargo por 38 millones de pesos y una prohibición de salida del país.
El caso surgió de una denuncia del abogado y dirigente opositor César Francis, incorporando un informe de la AFA que confirmó el fichaje del juvenil. La madre del jugador declaró que el pago fue una 'broma' e intentó desligar a Moretti. Sin embargo, la jueza sostuvo que el dirigente incumplió sus deberes al priorizar un beneficio personal, configurando una apropiación indebida de recursos del club.
El expediente enfrentó disputas de competencia: el fiscal Maximiliano Vence inició una investigación en el fuero porteño tras una cámara oculta en un programa televisivo, pero la Sala VII de la Cámara Nacional resolvió que continuara en el juzgado de Bruniard. Moretti se negó a declarar en una audiencia por Zoom el 25 de noviembre.
Paralelamente, la renuncia de 14 de los 25 integrantes de la Comisión Directiva dejó al club en acefalía, lo que llevó al desplazamiento de Moretti y a la convocatoria de una asamblea para un nuevo llamado a elecciones. La defensa de Moretti, a cargo de Gastón Marano, cuestionó la decisión judicial, alegando presiones políticas e institucionales del club y afirmando que la competencia no está resuelta.
Esta situación agrava la convulsión interna en la institución de Boedo, que ya enfrentaba problemas para firmar contratos y aprobar pagos.
